Os pongo aquí el excelente artículo de Juan Fernando López Aguilar publicado en
EL PAIS de hoy sobre lo que ha ocurrido desde que se hizo pública la investigación del caso Gürtel y, en particular, desde que empezaron las imputaciones a Camps y otros dirigentes valencianos; al senador Bárcenas y al diputado Merino -, además exVicepresidente de la Junta de Castilla y León-; al exeurodiputado Galeote; a algún diputado autonómico madrileño y valenciano; a un conjunto amplio de alcaldes del PP en la Comunidad de Madrid y un grupo de otros cargos del PP de menor categoría.
Me indigna que tengamos que hablar de esto. Pero no podemos dejar de hablar de esto.
La apoteosis de la desigualdadJUAN F. LÓPEZ AGUILAR 28/08/2009
La igualdad ante la ley es -nada menos- la roca sobre la que descansa el entero edificio del Estado constitucional de Derecho. Ahí reside la identificación de la democracia con la Constitución: igualdad ante la ley y ante la aplicación judicial de la ley. Supone la superación de la Justicia estamental, en la que los nobles y los poderosos no podían ser juzgados por plebeyos, sino sólo por sus pares. En el Derecho democrático absolutamente todos estamos sujetos a la ley, y ésta es igual para todos.
La delirante teoría de la conspiración lucubrada por el Partido Popular, pretendiendo que la sujeción a la ley de sus dirigentes o representantes investigados por indicios de corrupción equivaldría a una "inquisitorial persecución", no hablemos ya de su disparatada pretensión de "elevar" esta patraña al Parlamento Europeo en plena presidencia española de la UE, plantea una inadmisible ofensa a la igualdad ante la ley y apunta, queriendo herirla, a la columna vertebral del Estado constitucional.
Al margen de otras consideraciones, arroja una conclusión clara, al alcance de cualquiera: su fabricación, cimentada en la mentira y en su reiteración mendaz, quiere encubrir la corrupción e invitar a la ciudadanía a desconfiar de los que la persiguen, no de quienes la practican. El PP miente y lo sabe. Ni las fuerzas de seguridad del Estado -Policía, Guardia Civil-, ni fiscales ni jueces "persiguen" al PP. Persiguen a los corruptos, porque es su obligación, como lo es investigar a cualesquiera presuntos responsables de cualesquiera indicios razonables de criminalidad, cualquiera que sea la naturaleza del hecho punible, Y lo que es más importante, cualquiera que sea el sujeto de la investigación: sea el PIL, sea el PSOE, sea el PP.
El objetivo del PP desafía, por lo grosero, la evidencia: persigue intimidar a policías, fiscales, jueces, periodistas, e incluso, si se tercia, a un modesto sastrecillo valiente, como a todo el que se atreva a denunciar los casos que les afecten, o incluso a testificar obligado por la ley a contar la verdad de la que conozca, para reeditar una nueva e inaceptable apoteosis de la desigualdad ante la ley: "¡Usted no sabe con quién está hablando!". Amedrentando, a través de su campaña de intimidación general, pretende consagrar un espacio estamental de impunidad para el PP y sus aledaños, dentro del cual los responsables de investigar los delitos no se atrevan siquiera a intentarlo con los corruptos del PP.
Es como si, directamente, echasen de menos ese país de su gusto en que no se persiga a los corruptos, siempre que éstos pertenezcan, claro, al campo social y político de referencia: gentes de orden, con posibles, investidos del Derecho natural a gobernar, a enriquecerse con ello
y no responder ante nadie. Dicho más claramente: de acuerdo con esa visión rabiosamente antidemocrática, la Justicia estaría, sí, para perseguir -y a ser posible, con saña- a los cacos plebeyos, marginales y desfavorecidos que apenas acierten a comprender sus derechos, y menos aún serían capaces de invocarlos sin la ayuda de un abogado de oficio.
Pero, ¿qué es esto de que los jueces investiguen a corruptos bien relacionados con élites y estamentos del establecimiento, gentes de buena cuna, buena familia, buenas bodas, buen vestir, buen comer y buen vivir? ¿Qué clase de Justicia es ésta? ¡Hasta dónde vamos a llegar!
En su desfachatez, pretenden que se investigue una y otra vez lo accesorio o accidental, incluidas las patrañas de las "escuchas ilegales", en contra de la inconsistencia o clamorosa falta de pruebas de sus alegaciones, en lugar de responder de lo esencial: los apabullantes y masivos indicios de corrupción que afectan a algunos de sus dirigentes o de sus responsables, incardinados por cierto en una pandemia de prácticas de desviación de poder organizada al servicio del enriquecimiento ilícito de personajes iniciados en los fosos de reptiles alrededor de instituciones bajo el Gobierno del PP. Y lo hacen, sin empacho, en un festival de mentiras.
Alegan, en primer lugar, que el PSOE es el impulsor de su acoso judicial. Es falso: en todos y cada uno de los supuestos, desde Telde al caso Gürtel, las tramas han sido denunciadas por antiguos sindicados de la pomada corrupta o incluso, directamente, por militantes del PP hartos de la pasividad o complicidad de sus jefes. Ni en Canarias, ni en Valencia, ni en Madrid ni en Baleares el denunciante fue el PSOE: fue siempre, e invariablemente, un agraviado ex confidente de la trama del negocio.
Mienten también cuando pretenden que, tras la investigación forzada por el PSOE, los jueces archivan sin más, y "todo se queda en nada": no es verdad. La geografía orgánica de la política española -y no sólo en el PP- está minada de cargos penales sólidamente fundados, imputaciones no despejadas y acusaciones con base. Muchos de los imputados del PP a los que se ha tomado declaración o sobre los que pesa fianza aguardan, sin más, la apertura del juicio oral y se sentarán en el banquillo. Que haya condena o no, depende, claro, de los jueces y de la fase probatoria en el eventual juicio oral, pero en igualdad de condiciones que tantos otros justiciables, sujetos, como los del PP -no menos-, a la igualdad ante la ley. Nunca habíamos asistido a tantos farisaicos protestos cuando, como sucede todos los días, a otros muchos ciudadanos se les detiene y conduce a declarar, a menudo esposados, en la medida en que resultan sospechosos de delitos graves, y luego de la declaración se les pone en libertad con cargos a la espera de ese juicio en el que se dilucidará si son culpables o no, y si procede o no su condena penal. Pretende el PP que eso suceda a todos los demás, pero no a ellos, proclamando voz en grito su estruendosa apología de la desigualdad ante la ley.
Mienten, incluso, cuando afirman que en algún caso la Justicia ha archivado y eso significa que "no había nada" e incluso que todos deberíamos pedirles perdón por la injusta inquisición sufrida: la verdad es otra; incluso cuando, discutiblemente (esas resoluciones han sido recurridas), hayan resuelto archivo jueces cuya vinculación con los investigados excede lo que la palabra "amistad" puede acertar a describir (sin que hayan tenido, sin embargo, la decencia de abstenerse), ello no quiere decir que los hechos no hayan existido ni merezcan calificación política: más claramente, que los jueces no hallen "conexión causal delictiva" en que un político acepte dejarse invitar a vacaciones o incluso a viajes de placer por un empresario cuyos negocios favorece con sus decisiones, o incluso haya aceptado trajes u otras dádivas por tramas que hacen negocios con las administraciones gobernadas por aquéllos, no significa en absoluto que esos hechos no sean ciertos y notorios, y que merezcan, como merecen, ser calificados como inaceptables en una democracia en la que la ciudadanía sea respetada. Ningún archivo ni sobreseimiento significan que esos viajes o esos trajes no hayan existido de verdad.
Visto al completo, el estomagante argumentario de mentiras del PP no es inocente ni inocuo: Esas mentiras son culpables de encubrir la corrupción pretendiendo que quienes las padecen desconfíen de las instituciones del Estado de Derecho cuando investigan a los corruptos según de qué color político, y no de la corrupción misma, sea quien sea quien la practica. Hacen daño a la democracia y ofenden a la decencia. Favorecen una pendiente de berlusconización sumamente dañina, desmoralizan la vida pública, fomentan el cinismo político, la desafección ciudadana hacia la acción política y el desprestigio abrasivo de las instituciones. Todo ello, por descontado, en caldo de cultivo de las estrategias de la derecha y con severo perjuicio a los valores de la izquierda y de cuantos aprecian los fundamentos cívicos y éticos de la democracia. A la cabeza de todos, la igualdad ante la ley: nadie por encima de ella; todos, y por igual, sujetos a una misma ley. Es eso, nada menos, lo que está en juego en este envite.
Que actúen las instituciones del Estado constitucional de Derecho. Y frente a los que, en su arrogancia, esgrimen de nuevo su rancio "Usted no sabe con quién está hablando", procede sencillamente una réplica sobria y terminante: "Precisamente; de eso se trata: de averiguarlo".
Juan F. López Aguilar es presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.
